Andrés Rodríguez González Febrero 7th, 2010
El Silencio de los Corderos Merinos.
Días después de que el alcalde de Andratx ingresar en prisión junto al ex director general de Ordenación del Territorio del Govern balear, encontramos que el alcalde de Carratraca dimitía para no llevar a cabo la demolición de las abundantes casas que algunos vecinos de su pueblo y, posiblemente votantes suyos, han construido ilegalmente. Un caso más de corrupción urbanística y, además, de grave irresponsabilidad política. Mientras que en Marbella se legalizan muchas de las viviendas autorizadas por Gil, otras no son legalizadas. Los extranjeros residentes en Andalucía y que han construido viviendas ilegales, exigen no solo que no se las derriben, sino que se las legalicen. En sus países de origen, ni ellos ni nadie hubiera podido construir una vivienda ilegal. ¿Por qué aquí si? ¿Quién ha cometido los presuntos delitos de hacer la vista gorda, de no hacer cumplir la ley?. Las administraciones locales, la autonómica y la nacional, todas son responsables.
Juan Clavero, conocido miembro y fundador de Ecologistas en Acción escribe un aclarador artículo en la Tribuna de Málaga, en el que, con su habitual claridad dice, entre otras cosas: “La medida más eficaz contra el urbanismo ilegal es la prevención. Ayuntamientos y Junta deben colaborar para paralizar todo proceso de parcelación o construcción ilegal desde sus inicios, imponiendo las medidas sancionadoras y de restauración de la legalidad estipuladas en la legislación vigente, y convirtiendo en normal la demolición de todo lo ilegalmente construido. La legalización debe ser la excepción y, sólo en los casos en que estas urbanizaciones ilegales entren dentro del modelo de ciudad compacta mediterránea, hayan prescritos las infracciones y/o delitos, no se hayan construido en suelos protegidos o usurpando terrenos públicos, cuenten con disponibilidad de agua… La regularización de las urbanizaciones ilegales debe realizarse bajo el principio de que construir ilegalmente no puede salir más barato que hacerlo legalmente. Por ello, y en esto insiste el Informe del Defensor del Pueblo, deberán hacerse cargo no sólo de los costes de urbanización, sino también de la parte correspondiente de las infraestructuras (carreteras de accesos, variantes, conducciones de agua potable y residuales…) que, de no existir estas urbanizaciones ilegales, nunca se hubieran construido. También deberán garantizar las cesiones de suelo para los viales, equipamientos, zonas verdes… e incluir el 30% de viviendas de protección oficial (VPO) y la cesión del 10% de edificabilidad al Ayuntamiento a que obliga la ley. Pero lo que pretende la mayoría de propietarios de viviendas ilegales -muchas, de segunda residencia- es que el coste de su regularización recaiga en todos los ciudadanos. En los primeros procesos de legalización que han iniciado Junta y Ayuntamientos (El Palmar y Chiclana, en Cádiz) los propietarios se han movilizado para no pagar ni cesiones, ni infraestructuras; como mucho, aseguran estar dispuestos a financiar parte de la urbanización interna. ¡Es el colmo de la desfachatez!”.
Mientras en Los Merinos Norte, se revuelven los antiguos trabajadores con escritos contra los administradores de la propiedad, ésta, al parecer, otorga permisos de caza a determinadas personas. Algo no cuadra aquí, no se puede pasar por el camino público de Setenil a Serrato como toda la vida se ha hecho, porque la zona, al cambiar de rustica a urbana, ha desaparecido el camino ya que formará parte de una calle dentro de la urbanización, pero, sin embargo, en ese mismo lugar, algunas personas si pueden pegar tiros a las perdices.
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El calendario de actuación para los próximos tres meses es el siguiente:-